Para comenzar, el Bloque Ciudadano de Mijas (BCM) quiere enfatizar que el auge y crecimiento que han experimentado los servicios prestados en urbanizaciones han venido de la mano de una política contundente en forzar la precarización del trabajo, por un lado para apoyar la política de recortes y austeridad que el gobierno de Marian Rajoy está ejerciendo en la legislatura (a la vez ha favorecido el maquillaje de las cifras del paro) y por otro lado para triplicar la mano de obra en los servicios que se prestan en urbanizaciones y comunidades. Es decir, los servicios que se están proporcionando en las urbanizaciones en gran medida se deben al aprovechamiento de la ciudadanía más desfavorecida de nuestro municipio, familias mijeñas que son exprimidas por el Equipo de Gobierno del PP-GIM, para prestar servicios (algo que encubre un programa oculto) a otros sectores de la población del municipio.

¿Es justo que se presten servicios municipales a costa de la explotación laboral de quienes integran las familias más vulnerables de la sociedad mijeña?

Nos referimos a Mijas Servicios a la Comunidad (MSC), en la cual tenemos el programa Renta Básica, empleado por el PP-GIM como herramienta para sus intereses electoralistas y particulares/profesionales, denuncia pública que se sustenta en los siguientes argumentos:

Electoralitas porque lo usan como propaganda de su «buena gestión» queriendo que comulguemos con ruedas de molino, al vender las bondades de un programa social que, bien atendida como tal sería todo un acierto, encubre una explotación laboral. Particulares/profesionales porque el uso desarbolado sin un criterio técnico de gestión (se actúa improvisadamente, a toque de demanda del político de turno) en el que prevalezca la equidad entre la población y espacios donde se ejecutan los trabajos, incluso forzado en zonas de dudable gestión municipal, ha hecho que podría tratarse más bien de realizar labores con objetivos particulares que tienen como finalidad un trato de favor profesional a quienes dentro del Equipo de Gobierno del PP-GIM se dedican a la gestión de fincas y comunidades.

Y algo grave que trae en paralelo tales actuaciones, que se estaría apartando de su trabajo regular a empresariado autónomo que venía realizando tales tareas desde siempre en urbanizaciones y comunidades vecinales.

El grito ha saltado

En el último Pleno Ordinario, celebrado en el presente mes, la representatividad de la izquierda mijeña conformada en la actualidad por Alternativa Mijeña-Equo, expresó tal cuestión, consistente en que profesionales del sector de servicios (empresariado autónomo de la obra e instalaciones civiles) le habían hecho llegar la situación que se estaban encontrando con el ofrecimiento, por parte del Ayuntamiento de Mijas, de servicios gratuitos a través de la Renta Básica en labores y tareas que venían prestando profesionalmente, lo cual está produciendo la cancelación de tales trabajos en urbanizaciones y comunidades vecinales en favor, claro, del la oferta municipal.

En tal caso estaríamos hablando del tejido empresarial que sustenta en gran medida la economía local [2], desde jardineros, fontaneros, electricistas y un largo etcétera que englobaría a todas aquellas empresas que se dedican a la conservación, mantenimiento y reformas de la construcción e instalaciones.

Se echa en falta a CEPYME en cuanto a la protección de los derechos de a quienes representa en el término municipal de Mijas y, por ende, en otras localidades que, en función de los valores del político de turno, pueden verse atraídas por tales artimañas de rentabilidad política, y tal vez personal/profesional, veloz y elevada a costa de la explotación laboral de los sectores más desprotegidos de la población.

El disparate de los nuevos convenios de alumbrado público

En este cuestión el BCM se ha de pronunciar en favor de ir asumiendo tales instalaciones de una forma pausada y con un criterio técnico acertado sobre el que prime la recepción de instalaciones acordes con la normativa en vigor. Pero como esto no es así, no dejamos de escandalizarnos con las tropelías que se han venido cometiendo desde que llegó el PP a la Alcaldía. Si bien el proceso que inició el PSOE en este campo podría haberse promocionado más entre las urbanizaciones, no es menos cierto que el control que se ejercía sobre el alumbrado público que se concertaba era al menos con rigor y permitía que, tras su firma, el alumbrado cumpliese con ciertos parámetros de calidad y seguridad, que hoy por hoy no es posible por el afán desmedido del PP en que el Ayuntamiento de Mijas asuma el mayor número de instalaciones de las urbanizaciones, quedando en un recóndito segundo lugar el estado de conservación, mantenimiento y nivel de cumplimiento de la normativa; toda una verdadera patata caliente para el consistorio mijeño y por ende para el bolsillo de quienes pagan sus impuestos en Mijas.

Esta forma de actuar, asumiendo verdaderas calamidades de instalaciones a sabiendas de su pésimo estado, si bien es potestad del Equipo de Gobierno del PP-GIM no es menos cierto que resulta incomprensible a la más pura lógica, salvo, eso sí, se pretenda realizar un giño de complicidad a administraciones de fincas, presidencias de urbanizaciones y comunidades, que tenga una doble finalidad, al igual que con el uso malévolo de la Renta Básica, la electoralista y particular/profesional, dejando de lado velar por lo público.

De proseguir la situación como la han planificado supondría un gran montante económico para el consistorio, que a medio y largo plazo puede ser un lastre, para el ente municipal, de bastante repercusión.

Cuando la prioridad es torticera

En el BCM creemos que toda la ciudadanía de un municipio ha de tener los mismos derechos y obligaciones, siempre preservando que esta se apliquen con justicia e igualdad, es decir, con equidad. Por ello, opinamos que los pasos que se dieron en legislaturas anteriores estaban bien encaminados, salvando la falta de agilidad y presteza, cualidades de las que carecían los últimos gobiernos socialistas.

No debemos olvidar que la plantilla municipal está conformada por personas de profesionalidad reconocida, pero que han de ejercer su labor al ritmo y en las condiciones que determinen quienes designen las urnas cada cuatro años. Y si a esto le añadimos que se pretendan conseguir unos objetivos que busquen unas finalidades envestidas de políticas (electoralistas y personales/profesionales), sin contar con la plantilla y sus pautas técnicas, podemos encontrarnos con el caos en la administración, aún cuando esto no salga a la luz pública, como es el caso.

Debemos incidir en que el impulso inicial del PP, en este sentido, fue positivo y algo que se veía como un gran avance en los servicios que se tendrían que ir dando a la ciudadanía que vive en las urbanizaciones, el propio PP rápidamente lo convirtió en un propósito partidista carente de toda legitimidad social, pues sin ir más lejos adolece de toda equidad el trato que reciben las propias urbanizaciones, habiendo privilegiadas.

Ahora, a estas alturas, queda claro que el objetivo oculto estuvo siempre presente, baste recordad en los primeros meses de gobierno local cuando insistió en la inscripción obligatoria en un registro municipal de toda comunidad vecinal, que desde entonces nada se ha sabido de él, ni el uso que se le ha dado, quedando meridianamente claro que oscuras intenciones habían detrás.

Es por ello que afirmamos que a lo público, a la gestión de lo común, se viene a servir y no a servirse, algo que no dejaremos de denunciar y perseguir cuando se trasgreda.

NOTAS SOBRE EL COMUNICADO DEL BLOQUE CIUDADANO DE MIJAS / DEMANDAS VECINALES DE MIJAS.

El genérico no debe da lugar a confusión, pues nos referimos a quienes siendo de la profesión han ideado, desde el Gobierno Local en Mijas del PP, tales estratagemas en la búsqueda de beneficios sin mirar el uso de personas y bienes con tal de alcanzar sus objetivos. Sabemos que entre ediles y cargos de confianza del PP en Mijas puede haber entorno a 10 personas que trabajan en el mundo de la administración de fincas.

Si bien el sector servicio de restauración, hostelería y comercio soporta la mayor carga laboral en cuanto a la contratación laboral en la Provincia de Málaga. Pero en Mijas no se puede dejar de indicar el gran peso en este sentido que contrae el empresariado autónomo que se dedica a la obra e instalaciones en cuanto a nueva, conservación y mantenimiento. Esto es debido al gran número de urbanizaciones hace que la tasa de residentes en su población sea muy elevada, siendo para ellos imprescindible y muy valorado el trabajo que desempeñan estos profesionales, siendo en su gran mayoría trabajos de arraigo desde décadas e incluso que pasan de generación en generación.