En este sentido, solicitó al PP que “respete íntegramente” el texto y le instó, “como reza uno de los puntos del preacuerdo, a ‘separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial’”. De igual manera, también requirió al PP que “proceda a cumplir formalmente con esta condición ‘sine qua non’” y a “apartar temporalmente del gobierno municipal a Juan Carlos González Márquez, concejal de Vía Pública, Sanidad y Cementerio de Mijas”, según añade la nota de prensa, “hasta que no haya una resolución judicial sobre su caso”. Las mismas fuentes matizan que el edil ha sido “imputado por un presunto delito de apropiación indebida por el Juzgado número 4 de Fuengirola como se describe en el auto del 24 de septiembre”.
Por último, la nota resalta que “Ciudadanos estima conveniente que se pidan las pertinentes disculpas públicas por estas prácticas impropias en el ejercicio de la responsabilidad de un cargo público”.

Respuesta del PP
Por su parte, el PP aclaró ayer jueves 5 a Mijas Semanal que el edil “no está imputado por un presunto delito relacionado con la corrupción política o el lucro personal, sino por la presunta apropiación indebida de un despacho de propiedad municipal en el ejercicio de sus funciones como concejal de Policía Local”. En este sentido, aclaró que el acuerdo entre ambas fuerzas solo alude a la imputación de corrupción política o lucro personal “como motivo de ruptura del pacto”. Así, el partido consideró que no parece “razonable insinuar que se ha roto el pacto de gobierno”, ya que al edil no se le imputa ninguno de estos supuestos delitos.
Los populares explicaron que el motivo de la imputación tiene su origen en “un jefe (Juan Carlos González como concejal de Policía Local) y un subordinado (Juan Manuel Rosas, como intendente jefe del cuerpo, recién cesado de jefe de Policía en aquel momento)”.