El juzgado de Instrucción número 4 de Fuengirola, la Fiscalía de Málaga y la Guardia Civil investigan desde el pasado mes de junio una serie de denuncias por presuntas irregularidades en el embargo y adjudicación de sociedades que podrían ser constitutivas de delitos de falsedad, tráfico de influencias y prevaricación y en cuyo epicentro sitúan al departamento de Recaudación del Ayuntamiento de Mijas.

Según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, el pasado 5 de enero se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público tras la que el fiscal jefe, Juan Carlos López Caballero, decidió incoar diligencias por si los hechos relatados fuesen constitutivos de delito.

El caso se reavivó el pasado verano después de que el denunciante original insistiese en «la existencia de un colectivo cercano al poder municipal que abusa de su posición de dominio y que viene usando torticeramente las normas administrativas para cometer fraudes», recogió la Fiscalía en un escrito del pasado 15 de junio.

Las indagaciones, que se encuentran en una fase muy embrionaria, tratan de confirmar o determinar si, «como consecuencia de pequeñas deudas originadas por el impago de impuestos locales, se han embargado inmuebles que después son vendidos a subasteros sin escrúpulos, con la connivencia de los regidores municipales».

Un terreno de 1,4 millones

Los autos judiciales recogen el caso de un vecino que acumula una deuda de 26.547,16 euros en concepto de impago del IBI e impuesto de vehículos entre 2004 y 2011. De esa cantidad, 14.211,83 euros, a los que se le han sumando 2.842,37 de «recargos del periodo ejecutivo» y otros 9.492,96 de «costas del procedimiento e intereses de demora».

Tras un proceso administrativo, que el afectado afirma que está plagado de irregularidades, el departamento de Recaudación del Consistorio procede al embargo de una superficie de 5.000 metros cuadrados de una finca de su propiedad. El terreno estaba tasado en cerca de 1,4 millones de euros, aunque fue luego adjudicado por el Ayuntamiento en 34.000 euros a un «único postor» en una subasta de la que no fue informado el deudor.

La defensa de otro de los denunciantes, ante la posibilidad de un posible tráfico de influencia en las subastas, pide a la Fiscalíaque se investigue a los adjudicatarios de las mismas, concretamente: «sus cuentas corrientes, saldos bancarios y la procedencia del dinero para participar en las adjudicaciones», así como «los incrementos de patrimonio obtenidos con las ventas de los inmuebles».

Las pesquisas realizadas a principios de año no confirmaron las sospechas iniciales: «Siendo pedidas las explicaciones al Ayuntamiento de Mijas y a las personas denunciadas y afectadas, que se entendieron oportunas, finalmente se resolvió que procedía el archivo de las actuaciones por ausencia de indicios racionales de criminalidad», resolvió la el Ministerio Público, quien hace tres meses decidió reabrir el caso tras la incorporación de una segunda denuncia que se dirigió directamente ante la Fiscalía Anticorrupción y que ha sido trasladada a la Policía Judicial de la Guardia Civil. Inicialmente se hizo cargo el equipo de Mijas, aunque finalmente se ha derivado a la unidad de Delitos contra el Patrimonio de la Comandancia de Málaga.

Uno de los afectados y su representante legal, no obstante, estuvieron previamente exponiendo las presuntas irregularidades ante investigadores del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, aunque el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Fuengirola, que se ha hecho cargo de la investigación, se la ha asignado finalmente al Instituto Armado.

Fuentes consultadas por este periódico explicaron que, además de lo denunciado, los agentes tratarán de determinar la cantidad en que estaban registradas para ser adjudicadas a un precio tan bajo.

Las dudas sobre los procesos de subastas fueron objeto de debate en el Pleno municipal del 29 de diciembre de 2012 a raíz de una pregunta formulada por el concejal de Alternativa Mijeña y Los Verdes Juan José Porras. El edil, en una misiva enviada al interventor municipal registrada por el Ayuntamiento el 25 de noviembre de ese mismo año, solicitó el listado de las subastas de bienes inmuebles que realizó entre junio de 2011 y octubre de 2014, así como la tasación de salida y el valor catastral de los mismos.