Fuente: El Huffington Post
La ONU está preocupada por lo que está haciendo España con los derechos humanos. Un grupo de relatores de Naciones Unidas han pedido a España que desista en los proyectos de Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como «ley mordaza», y de reforma del Código Penal porque «amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos» y «socavan los derechos de manifestación y expresión» en el país.
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La advertencia ha sido lanzada por cinco relatores miembros de los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para el seguimiento de casos en países concretos o temáticas puntuales a nivel global.
«Confiamos en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales», señalan en relación a la reforma del Código Penal y a la Ley de Seguridad Ciudadana tanto en lo relativo a delitos de terrorismo como a desórdenes públicos.
Según explican, «los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática». «Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España», plantean.
Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, en trámite en el Senado, destacan que la reforma que introduce en la Ley de Extranjería «podría permitir devoluciones en caliente a su país de origen de personas en peligro de ser sometidas a tortura y otras formas de malos tratos, en contradicción con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos».
‘LIMITA MARCADAMENTE EL DERECHO DE REUNIÓN’
El relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, Maina Kiai, denuncia que en su redactado actual, el proyecto «vulnera la propia esencia del derecho de reunión pacífica, pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para su ejercicio», limitándolo «marcadamente».
«Dicho proyecto de ley restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España», añade el relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye.
En cuanto al Código Penal, afirman que «el texto del proyecto de ley incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades» y citan como ejemplo que se trate como «circunstancia agravante el hecho que una serie de delitos pudieran ser cometidos en el contexto de una ‘reunión numerosa'».
«Se busca dar una base legal a este nuevo tipo de ‘circunstancias agravantes’ para aumentar la pena automáticamente en casos de manifestaciones. Esto es contrario al derecho internacional ya que podría tener un efecto disuasivo sobre el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica», recalca Maina Kiai.
‘PUEDE CRIMINALIZAR LA MANIFESTACIÓN PACÍFICA’
Además, indican que el proyecto propone castigar con prisión o multa quienes difundan públicamente mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, lo que a juicio de Kayem «conlleva serios problemas y, tal como están definidos los delitos, podría criminalizar quienes convoquen a manifestaciones pacíficas».
En cuanto a la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de «incitación y enaltecimiento» o «‘justificación’ del terrorismo», los expertos consideran que «son excesivamente amplias e imprecisas».
«Tal como está redactado, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión. El proyecto de ley podría además permitir abusos en los controles y retiro de información disponible en internet», denuncia Kayne.
En el informe han participado además de Kayne y Kiani, el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson; y el Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, Michel Forst. Cuentan además con el respaldo del Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau, según informa el Alto Comisionado.
