El pasado día 11 fue aprobada en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como “Ley Mordaza”, con el único apoyo del Partido Popular. Esta ley, que es defendida por el gobierno con el argumento esperpéntico de que es una forma de blindar y garantizar el ejercicio de las libertades ciudadanas, constituye un gravísimo ataque a dichas libertades y un profundo retroceso en términos democráticos.
La nueva ley contempla un total de cuarenta y cinco infracciones, diferenciándolas en “muy graves”, “graves” y “leves”.
– Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 30.001 a 600.000 euros.- Cabe destacar que, entre otros supuestos, se incluye dentro de este tipo de infracciones el reunirse o manifestarse, sin comunicarlo o saltándose la prohibición, en instalaciones en las que se presten “servicios básicos para la comunidad” o en sus inmediaciones. Esto significaría, por ejemplo, que en la propia Andalucía las protestas simbólicas y pacíficas realizadas recientemente por organizaciones como el SAT, la PAH o el 15M podrían acarrear sanciones de este calado.
– Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 601 a 30.000 euros.- Aquí entrarían acciones como trasladar en coche a una persona toxicómana a adquirir estupefacientes o negarse a identificarse ante la policía en cualquier momento.
– Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 100 a 600 euros.- Aquí se incluirían prácticas ampliamente extendidas, como la botellona, hacer una pintada de protesta, cualquier “falta de consideración” (sic) hacia la policía o el simple hecho de perder el DNI y no denunciarlo.
Desde Asamblea de Andalucía observamos con preocupación que la nueva ley contempla una penalización y una judicialización de actividades que entran dentro de la convivencia normal en las sociedades y que, más allá de que puedan resultar más o menos agradables para algunos, deberían ser resueltas mediante formas de diálogo, negociación y consenso, y nunca mediante la criminalización y el castigo legal. En algunos casos, además, la ley llega a oficializar acciones por parte del Estado que rayan en la vulneración de derechos humanos elementales. Es el caso de las llamadas “devoluciones en caliente” para los inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla. Con la nueva ley, las autoridades fronterizas podrán expulsar de inmediato a estas personas a territorio marroquí, afectando así gravemente su derecho –reconocido hasta la fecha y protegido por las leyes internacionales- a una asistencia letrada y a que se compruebe si son menores o peticionarios de asilo político. Para entender la gravedad de esta alteración legal debe saberse que esta disposición fue introducida como enmienda en el Congreso, eludiendo así los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal.
Más allá de las infracciones contempladas en la ley, es necesario denunciar también la desprotección creciente de la ciudadanía ante su aplicación. La nueva ley convierte en sanciones administrativas lo que antes eran faltas incluidas en el Código Penal y, por tanto, sometidas a control judicial previo. Esto significa que las personas a quienes se aplique esta ley ya no podrán defenderse en juicios de faltas -gratuitos-, sino que antes tendrán que agotar la vía administrativa y luego recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa, que está sujeta al pago de tasas judiciales merced a la reciente reforma judicial del propio gobierno del PP. Estos cambios implican que la nueva ley no sólo penalizará duramente derechos y libertades básicos, sino que supondrá además una dura carga económica para quien intente defenderse ante ella.
Desde Asamblea de Andalucía mostramos nuestra indignación ante esta ley, por considerarla una medida claramente restrictiva de las libertades democráticas de la población. Además, mostramos nuestra profunda preocupación por tres cuestiones:
1) Las consecuencias de la propia ley.- Nos preocupa especialmente que la judicialización y la penalización de las formas de protesta ciudadana se traduzca en una represión de los movimientos sociales que luchan precisamente por proteger los derechos de la gente. Igualmente preocupante nos parece el aparente interés de este gobierno por presentar una imagen criminalizada de esos movimientos sociales (las últimas redadas policiales en diversas ciudades del Estado Español, coincidentes con la aprobación de la ley, pueden ser un prólogo de lo que se desencadenará a nivel general a partir de ahora).
2) El por qué se aprueba esta ley precisamente en este momento.- Justamente cuando nos encontramos en una situación de crisis profunda, con graves problemas que afectan a amplias capas de la población, el gobierno del PP apuesta por criminalizar y judicializar los mecanismos de protesta. El mismo gobierno que ha demostrado reiteradamente su desinterés e incompetencia para dar respuesta a los problemas de la gente intenta ahora acallar a quienes expresan su rechazo a la grave situación que vivimos y opta por reprimir a los críticos, en un intento patético de apuntalar un sistema político que, como el actualmente vigente, es cuestionado por sectores cada vez más amplios de la ciudadanía.
3) La falta de una respuesta contundente frente a esta ley por parte de la “izquierda” institucional.- Ante esta nueva agresión a los derechos y libertades, la “oposición” parlamentaria muestra una incapacidad manifiesta para oponerse realmente a ella y construir formas organizadas de rechazo en la calle, en los barrios, en los pueblos y ciudades. Los partidos que supuestamente representan a la izquierda funcionan como entes cerrados, atentos sólo a la defensa de sus intereses corporativos y carecen del más mínimo interés y capacidad para organizar y movilizar a la gente.
Desde Asamblea de Andalucía estamos convencidos de que este nuevo ataque a los derechos básicos sólo puede ser contestado mediante la movilización y la participación de la ciudadanía. Es un error delegar su defensa en los partidos políticos y esperar que estos tomen la iniciativa. Es fundamental, por el contrario, reforzar nuestras redes comunitarias –locales, vecinales, comarcales y a nivel andaluz- y organizarnos por nosotros mismos. En esta línea, nuestro colectivo trabaja para construir, de abajo arriba, una herramienta que dé respuesta y alternativas a las agresiones permanentes que sufrimos los andaluces y el resto de pueblos del Estado español. La aprobación de la nueva Ley Mordaza nos demuestra, una vez más, que nuestras vidas seguirán yendo a peor mientras no nos decidamos a construir una respuesta democrática, participativa y activa frente al retroceso democrático que pretenden imponernos. Animamos a los andaluces y andaluzas a no rendirnos y a organizarnos activamente para la consecución de un poder propio que avance en nuestra emancipación social y nacional.
Asamblea de Andalucía, a 19 de diciembre de 2014
Fuente: http://asambleadandalucia.blogspot.com.es/
